En este punto del proceso definimos la estrategia técnica y regulatoria del proyecto, estableciendo el enfoque más adecuado en función del análisis realizado y de las condiciones específicas identificadas.
Esta fase implica estructurar las líneas de actuación prioritarias, teniendo en cuenta los requisitos aplicables, las limitaciones existentes y los objetivos planteados, definiendo así los criterios que condicionarán las decisiones clave en fases posteriores y garantizando un planteamiento coherente y viable desde el punto de vista técnico y normativo.
A partir de este trabajo se establecen las bases que orientarán el desarrollo del proyecto, sirviendo de base para la posterior definición de la propuesta técnico-económica.
